Es la noticia que cada poco nos sacude miserablemente. ¿Hasta cuando?
"Cerca de 400.00 personas padecen alguna
enfermedad mental en España. La muerte por el tiro de un guardia civil del batería de Los Piratas,
Javier Fernández —con un trastorno bipolar diagnosticado—, o el caso de
la mujer que sacrificó a su bebé en un altar en Toledotras ser dada
de alta reabren el debate de cómo controlar a estos pacientes. Asociaciones y
especialistas coinciden en que España necesita mejorar y exigen más
seguimiento, mejores leyes y más recursos. La Asociación Unificada de Guardias
Civiles pide poder llevar “armas no letales”.
“No podemos estar matando y encarcelando a
enfermos mentales que podrían tener una vida normal con un tratamiento
adecuado”, reclama Concha Cuevas, presidenta de Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en
Andalucía y hermana de un afectado. En España hay cerca de 400.000
diagnosticados de enfermedades mentales como esquizofrenia y trastorno bipolar.
Asociaciones como Feafes denuncian que están estigmatizados, que cada vez
tienen menos camas hospitalarias para ellos mientras fallan también los
recursos para atenderles fuera y que les trate personal no especializado.
El batería de Los Piratas y la mujer que
supuestamente degolló a su hijo en un altar de Toledo tenían trastornos
mentales diagnosticados. Los Mossos d’Esquadra investigan si también sufría una
patología el joven que acabó con la vida de su madre el 5 de agosto en Rubí y
se marchó a la playa dejando el cadáver. También este verano, un hombre mató
presuntamente a su madre y a su hermana en Barcelona y declaró que le hacían
brujería.
“Es fundamental saber que muchos de estos
pacientes no tienen conciencia de su enfermedad y no acuden a los recursos
sanitarios. Y ahí empieza la gran diferencia”, explica Fernando Santos, fiscal
de la sección de protección de personas con discapacidad de la Fiscalía de
Córdoba con 25 años de trayectoria.
Sobre el papel, la Ley General de
Sanidad de 1986 les reconoce atención sanitaria cuando la requieren pero
también si no acuden por propia voluntad. Pero este seguimiento apenas se
produce, según los afectados. “Con las competencias transferidas, hay grandes
diferencias entre comunidades. Cataluña o País Vasco están muy avanzadas, pero
en Extremadura o Andalucía hay carencias en servicios de proximidad”, lamenta
Manuel Movilla (59), enfermo de trastorno bipolar y portavoz del comité de
enfermos mentales en Andalucía.
Igual que un infarto
Movilla solicita que se extiendan
experiencias “de éxito” como los llamados programas asertivos comunitarios en
los que especialistas ambulantes llegan al enfermo allá donde esté. “Todo el
mundo entiende que hace falta una atención inmediata y en el sitio ante un
infarto de miocardio. Para una crisis de salud mental es exactamente igual, en
ambos casos el paciente puede morir”, ejemplifica. Este hombre es bipolar, como
el batería de Los Piratas. La familia del músico fallecido tras recibir un tiro
de un guardia civil denunció que su psiquiatra le acababa de retirar la
medicación pese a sus quejas. “Yo nunca dejaría que me la retiraran. Este es un
trastorno mental muy complicado y hay que tener cuidado”, sostiene Movilla. La
presidenta de Feafes denuncia que, con la crisis, hay casos en los que la
medicación se retira por “cara”. “Siempre se pide más dinero para la salud
mental y es cierto que hace falta, pero no creo que hayan afectado los recortes
ni que se retire medicación por cuestiones económicas”, sostiene por su parte
el doctor José Manuel Montes, jefe de sección de Psiquiatría del hospital
universitario Ramón y Cajal. Este especialista recalca la importancia de un
buen seguimiento para evitar recaídas “que pueden llegar seguro si se abandona
el tratamiento”.
Existen protocolos sobre cómo deben
actuar las fuerzas de Seguridad del Estado cuando se requiere su apoyo. El que
aplican en Salamanca, que citan varios expertos como modélico, señala que deben
ayudar “en la contención física del enfermo” en situación de peligro pero “de
forma subsidiaria y de apoyo”, es decir, a las órdenes del médico. “Cuando
ocurre un caso de estos, nadie quiere ir”, admite Juan Fernández, portavoz de
la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). “Nuestra preparación en la
academia es deficiente y luego te enfrentas a un caso así sin saber los
antecedentes de la persona”. La AUGC pide poder portar “armas no letales, como
porras eléctricas para reducir a un enfermo”. Y reclama que se estandaricen
“los pasos a seguir”.
“Debería haber una ley que fije quién y
cuándo intervenir en el proceso”, añade el fiscal Santos, que la reclama desde
1999. “No encuentro ningún ámbito donde la justicia esté más vulnerada que el
de los enfermos mentales y sus familiares”, concluye."
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