viernes, 6 de abril de 2018

INES GALLASTEGUI EN "EL IDEAL"

POR  SU INTERÉS REPRODUCIMOS DICHO ARTÍCULO


Los psiquiátricos penitenciarios de España están saturados

 

Casi 500 enfermos que cometieron delitos viven en los dos centros españoles de este tipo. «El modelo es obsoleto y anacrónico»

INÉS GALLASTEGUISábado, 8 julio 2017, 01:07

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A primera hora de la tarde del 3 de abril de 2003, en la clínica de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde trabajaba, Noelia de Mingo sacó un cuchillo de 15 centímetros de hoja que llevaba escondido en su bata de médico y empezó a asestar puñaladas a quienes se encontró a su paso: compañeros, pacientes y familiares. Aquel horror duró unos segundos y dejó un rastro de tres muertos y seis heridos. El sábado pasado, la autora de aquella matanza que conmocionó al país comenzó a disfrutar de un permiso penitenciario de 90 días, mientras aguarda la decisión del juez sobre su libertad definitiva. ¿Qué ha ocurrido en estos 14 años? La clave es que De Mingo, para quien el fiscal pidió 65 años de prisión, fue considerada inocente. Según el tribunal, mató enajenada por su esquizofrenia paranoide, víctima de delirios y alucinaciones que le hacían ver en quienes la rodeaban una amenaza para su vida. Los jueces la declararon inimputable y ordenaron su internamiento en un hospital psiquiátrico penitenciario hasta su completa recuperación, durante un máximo de 25 años. No era un castigo, sino una «medida de seguridad».

En España hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, en Sevilla y en Alicante, y están rodeados de cierto halo de misterio. Quizá porque la enfermedad mental sigue asustando a la sociedad, a pesar de que una de cada cuatro personas padecerá una a lo largo de su vida y de que un mínimo porcentaje de los afectados comete acciones violentas.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de quien dependen estos centros, no ayuda mucho a disipar la bruma: la petición de información de este periódico recibió un rotundo 'no' por respuesta. «Por razones de seguridad», alegó este departamento del Ministerio del Interior.

«No me extraña. Somos los grandes olvidados de la administración penitenciaria», afirma un funcionario de Fontcalent representante del sindicato mayoritario de Prisiones, Acaip. Él y su homólogo de Sevilla, que denuncia el «abandono» de las instituciones en los últimos años, describen un escenario desolador. Establecimientos hacinados y obsoletos, falta de personal y una mezcolanza de internos que hace imposible cumplir los objetivos para los que fueron creados hace treinta años: recuperar para la sociedad a personas que cometieron actos delictivos bajo el influjo de una alteración psíquica.

En su web, Instituciones Penitenciarias destaca que en estos hospitales los internos «no se clasifican por grados» en función de su peligrosidad, «son considerados pacientes» y se les trata en virtud de un «criterio facultativo especializado». Aparte de proteger a la sociedad de sus crisis y de proporcionarles a ellos un entorno seguro, estas instalaciones ofrecen tratamiento terapéutico y cuidados de salud a los internos, que además pueden participar en diversas actividades, desde talleres de pintura y artesanía hasta clases de jardinería, cocina o peluquería.

Para los expertos, el problema es el modelo. «Esos hospitales son cárceles puras y duras -asegura Concepción Cuevas, presidenta de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental-. Las prisiones son para los malos, los psicópatas, los que delinquen... no para los enfermos». Hermana de un esquizofrénico estabilizado hace años, lamenta que no existan centros especializados de rehabilitación para este tipo de penados.

Conocedor del sistema de salud penitenciaria en Inglaterra, donde trabajó diez años, el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Granada Jorge Cervilla considera que nuestro modelo estatal es «obsoleto y anacrónico». No en vano, recuerda, estos son los únicos psiquiátricos que existen ya en nuestro país, tras la reforma que en los años ochenta acabó con aquellos manicomios de tétricas reminiscencias. Cataluña, con las prisiones transferidas, es la excepción, porque dispone de equipamientos de atención en salud mental -centros de día, asistencia ambulatoria y unidades de hospitalización- para condenados, tanto dentro como fuera de las prisiones. En Euskadi arrancó en 2013 la unidad del hospital Aita Menni, con veinte plazas. Y en Reino Unido, explica Cervilla, hay unidades de seguridad intermedia para los casos leves y otras de seguridad alta para los más graves. «Pero no son cárceles», puntualiza.

Para el psiquiatra Andrés López Pardo, que trabaja en la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), otro modelo de referencia es Italia, donde se apuesta por centros pequeños, descentralizados y dependientes del sistema de salud, no del penitenciario. «Rehabilitar a una persona con un trastorno mental grave dentro de una prisión es como enseñar a alguien a jugar al fútbol dentro de un ascensor», señala.

Psiquiátricos sin psiquiatras

«Somos un almacén de enfermos mentales», lamenta Arturo, que en sus casi dos décadas como vigilante ha visto el «deterioro» del establecimiento sevillano. «¿Cómo puede haber un psiquiátrico sin psiquiatras?», se quejan a coro los dos sindicalistas. En Sevilla, de los seis profesionales previstos en la relación de puestos de trabajo, solo queda uno -«Está haciendo un esfuerzo titánico y cualquier día se va a romper»- y en Alicante, un titular y dos interinas, de cinco. La falta de personal, sostienen, afecta también a los funcionarios del área de vigilancia -la más numerosa y presente por turnos que cubren las 24 horas del día-, medicina general, enfermería, terapia, lavandería o fontanería.

Esa escasez de medios humanos repercute de múltiples formas en la rutina de esos lugares. «Cuando se sienten abandonados, los internos están intranquilos», explica el trabajador de Fontcalent. Si no hay guardias suficientes, hay que restringir las visitas de familiares y, cuando el psiquiatra no da abasto para cumplimentar los informes solicitados por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, los pacientes que progresan no pueden acceder a salidas o permisos. «A veces da la sensación de que los tenemos secuestrados», lamenta el sevillano.

El hospital andaluz, con 77 celdas previstas para 124 internos -las 28 habitaciones del módulo de agudos son individuales-, ha llegado a albergar a 183 en cuartos de hasta cinco camas. Ahora son 'solo' 163. El centro valenciano, con un módulo de mujeres, dispone habitualmente de 385 celdas, pero el cierre de uno de los módulos por obras ha obligado a reagrupar a los 292 residentes.

Y uno de los problemas más graves de estos establecimientos es, precisamente, la heterogeneidad de sus 'inquilinos'. Por un lado, hay internos de difícil recuperación, con discapacidad mental severa, muy deteriorados o seniles. «En una prisión normal, a los 70 años les dan el tercer grado o la libertad condicional por motivos humanitarios. Aquí tenemos en el módulo de enfermería a diez ancianos impedidos. No tienen familia y ninguna residencia quiere hacerse cargo de ellos», afirma el funcionario de Fontcalent.

Musculosos y agresivos

El grupo más numeroso lo integran enfermos mentales que, con la medicación adecuada, pueden hacer una vida normal. El problema es que cada vez es más frecuente el traslado desde prisiones convencionales de reclusos peligrosos, a menudo toxicómanos y reincidentes. «Algunos son musculosos y agresivos y, como hospital, no estamos preparados para ellos», resalta el vigilante del centro hispalense. Su compañero destaca además que no hay personal especializado en terapia de deshabituación de toxicomanías y que las instalaciones no están adaptadas para este tipo de residentes: las zonas comunes son abiertas, las puertas no son automáticas -se abren y cierran «con una llave gorda»- y los vigilantes no portan armas, sino walki-talkies.

Pese al aumento de la conflictividad -ha habido agresiones, incendios provocados e intentos de fuga con butrón-, la violencia no es la norma. El funcionario del hospital de Sevilla explica que, por motivos personales, siente «cercanía y afectividad» por estas personas. «Muchos me ven como un padre, alguien a quien pedir consejo», admite Arturo. Su compañero de Fontcalent, quien describe a Noelia de Mingo como «reservada pero amable», corrobora que, pese al «enfado» de la plantilla con la Administración, el clima interno es, en general, positivo. «Hay internos conflictivos y antisociales, pero la mayoría son bastante cordiales. Quieren hablar contigo porque se sienten solos. Necesitan contacto humano». Como todo el mundo.

 

miércoles, 12 de octubre de 2016

ESTIGMA

Hablando de estigma social de los enfermos mentales ahí va esta perla:


DECLARACIONES DE UNA CONCEJAL DE FUENLABRADA

Os escribo para informaros de una declaración muy grave que se ha producido en la localidad donde vivimos por parte de una concejal del Ayto. de Fuenlabrada que en su intervención en el pleno local del día 6 de octubre, en mitad de unas preguntas y respuestas a otro concejal de un partido distinto, ésta primera le ha espetado respecto a una posible modificación del reglamento de unas huertas comunales, que "al igual que una persona que padezca una enfermedad mental, como pueda ser un esquizofrénico grave, entra dentro de la diversidad funcional y no es oportuno darle herramientas de labranza por su propia seguridad y por la seguridad del resto de los usuarios de las huertas".

Lo puedes ver en el minuto 11:00 de la grabación del pleno en este enlace:

miércoles, 2 de septiembre de 2015

DIARIO "EL PAIS". 31-8-2015

Es la noticia que cada poco nos sacude miserablemente. ¿Hasta cuando?
"Cerca de 400.00 personas padecen alguna enfermedad mental en España. La muerte por el tiro de un guardia civil del batería de Los Piratas, Javier Fernández —con un trastorno bipolar diagnosticado—, o el caso de la mujer que sacrificó a su bebé en un altar en Toledotras ser dada de alta reabren el debate de cómo controlar a estos pacientes. Asociaciones y especialistas coinciden en que España necesita mejorar y exigen más seguimiento, mejores leyes y más recursos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles pide poder llevar “armas no letales”.
 “No podemos estar matando y encarcelando a enfermos mentales que podrían tener una vida normal con un tratamiento adecuado”, reclama Concha Cuevas, presidenta de Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en Andalucía y hermana de un afectado. En España hay cerca de 400.000 diagnosticados de enfermedades mentales como esquizofrenia y trastorno bipolar. Asociaciones como Feafes denuncian que están estigmatizados, que cada vez tienen menos camas hospitalarias para ellos mientras fallan también los recursos para atenderles fuera y que les trate personal no especializado.
El batería de Los Piratas y la mujer que supuestamente degolló a su hijo en un altar de Toledo tenían trastornos mentales diagnosticados. Los Mossos d’Esquadra investigan si también sufría una patología el joven que acabó con la vida de su madre el 5 de agosto en Rubí y se marchó a la playa dejando el cadáver. También este verano, un hombre mató presuntamente a su madre y a su hermana en Barcelona y declaró que le hacían brujería.
“Es fundamental saber que muchos de estos pacientes no tienen conciencia de su enfermedad y no acuden a los recursos sanitarios. Y ahí empieza la gran diferencia”, explica Fernando Santos, fiscal de la sección de protección de personas con discapacidad de la Fiscalía de Córdoba con 25 años de trayectoria.
Sobre el papel, la Ley General de Sanidad de 1986 les reconoce atención sanitaria cuando la requieren pero también si no acuden por propia voluntad. Pero este seguimiento apenas se produce, según los afectados. “Con las competencias transferidas, hay grandes diferencias entre comunidades. Cataluña o País Vasco están muy avanzadas, pero en Extremadura o Andalucía hay carencias en servicios de proximidad”, lamenta Manuel Movilla (59), enfermo de trastorno bipolar y portavoz del comité de enfermos mentales en Andalucía.
Igual que un infarto
Movilla solicita que se extiendan experiencias “de éxito” como los llamados programas asertivos comunitarios en los que especialistas ambulantes llegan al enfermo allá donde esté. “Todo el mundo entiende que hace falta una atención inmediata y en el sitio ante un infarto de miocardio. Para una crisis de salud mental es exactamente igual, en ambos casos el paciente puede morir”, ejemplifica. Este hombre es bipolar, como el batería de Los Piratas. La familia del músico fallecido tras recibir un tiro de un guardia civil denunció que su psiquiatra le acababa de retirar la medicación pese a sus quejas. “Yo nunca dejaría que me la retiraran. Este es un trastorno mental muy complicado y hay que tener cuidado”, sostiene Movilla. La presidenta de Feafes denuncia que, con la crisis, hay casos en los que la medicación se retira por “cara”. “Siempre se pide más dinero para la salud mental y es cierto que hace falta, pero no creo que hayan afectado los recortes ni que se retire medicación por cuestiones económicas”, sostiene por su parte el doctor José Manuel Montes, jefe de sección de Psiquiatría del hospital universitario Ramón y Cajal. Este especialista recalca la importancia de un buen seguimiento para evitar recaídas “que pueden llegar seguro si se abandona el tratamiento”.
Existen protocolos sobre cómo deben actuar las fuerzas de Seguridad del Estado cuando se requiere su apoyo. El que aplican en Salamanca, que citan varios expertos como modélico, señala que deben ayudar “en la contención física del enfermo” en situación de peligro pero “de forma subsidiaria y de apoyo”, es decir, a las órdenes del médico. “Cuando ocurre un caso de estos, nadie quiere ir”, admite Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). “Nuestra preparación en la academia es deficiente y luego te enfrentas a un caso así sin saber los antecedentes de la persona”. La AUGC pide poder portar “armas no letales, como porras eléctricas para reducir a un enfermo”. Y reclama que se estandaricen “los pasos a seguir”.
“Debería haber una ley que fije quién y cuándo intervenir en el proceso”, añade el fiscal Santos, que la reclama desde 1999. “No encuentro ningún ámbito donde la justicia esté más vulnerada que el de los enfermos mentales y sus familiares”, concluye."


sábado, 11 de octubre de 2014

viernes, 10 de octubre de 2014

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Publicamos a continuación el artículo que con motivo de éste día publica en el diario "El Mundo", D. José María Sánchez Monge, Presidente de FEAFES.:
 
"Me despidieron en cuanto mi jefe supo que tomaba medicación". Así resumía un miembro del Comité de Personas con Enfermedad Mental de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) el final de su anterior experiencia laboral. Situaciones como esta ocurren en España en pleno siglo XXI, con mayor frecuencia de lo que muchos imaginan, y dejando varios artículos de nuestra Constitución en poco más que papel mojado.
 
El 75% de las personas con trastorno mental en España asegura haberse sentido discriminada en alguna faceta de su vida. El laboral es el ámbito donde esta estigmatización es más frecuente, pero también se da en las relaciones personales, con el vecindario, e incluso por parte de familiares y profesionales sanitarios. Por este motivo, hemos elegido el lema "Abriendo mentes. Cerrando estigmas" para celebrar este Día Mundial de la Salud Mental.
 
Desde Feafes pensamos que la base de la discriminación a nuestro colectivo radica en un profundo desconocimiento general sobre los trastornos mentales, lo cual provoca que campen a sus anchas todo tipo de prejuicios e ideas erróneas sobre los mismos. Impredecibles, anti-sociales, vagos, o incluso agresivos, son algunos de los tópicos que suelen aparecer en cuanto se habla de enfermedad mental. Cuando la realidad es que un trastorno mental es una circunstancia más de la persona, pero en ningún caso determina su personalidad ni tiene por qué condicionar todas las facetas de la vida.
 
De este modo, en el ámbito de la salud mental nos encontramos en un momento comparable a cuando se pensaba que el sida se podía contagiar con un abrazo, las infecciones se curaban con sangrías, o la epilepsia era señal de una posesión demoniaca. Así, todavía hoy muchos piensan que la esquizofrenia es similar a una doble personalidad (entre otras muchas cosas, la mayoría negativas), que una persona con trastorno bipolar cambia de humor varias veces al día, o que una depresión aparece por una debilidad de carácter y depende exclusivamente de la falta de voluntad de la persona por superarla.
 
Es difícil encontrar una realidad tan incomprendida, y que al mismo tiempo afecte a una parte tan importante de la población. En España, según datos oficiales, más de un millón de personas presentan un trastorno mental grave y el 15% de nosotros tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Sin embargo, la mayoría de la sociedad desconoce los aspectos básicos de los problemas de salud mental más frecuentes.
 
Pero en algo estamos mejorando: cada vez más personas con trastorno mental se atreven a hablar abiertamente de su diagnóstico, de su convivencia con la enfermedad. No solo en su entorno cercano sino también en los medios de comunicación. Esto a pesar de las previsibles consecuencias negativas que puede conllevar esta decisión en forma de discriminación y rechazo. Para ellos, es más fuerte la voluntad de visibilizar este tipo de enfermedades, tantas veces ocultadas, y la conciencia de que nadie debería avergonzarse por tener un trastorno que nadie ha elegido.
 
Desde luego, su ejemplo evidencia que un trastorno mental no impide llevar una vida plena, rompe los moldes de los prejuicios y está empezando a agrietar el estigma como un barco que navega entre placas de hielo. Ellos encuentran muchas resistencias a su paso, pero está claro que los que vengan detrás no encontrarán tantas dificultades.
 
Desde Feafes trabajamos día a día para informar a la población sobre la realidad de los trastornos mentales. Pero sabemos que no es suficiente. Hace falta un esfuerzo extra de administraciones públicas, entidades y de la sociedad en su conjunto para ver los problemas de salud mental como cualquier otro aspecto de la salud. Sólo así llegará el día en que los trastornos mentales dejen de estar cubiertos por ese manto de desconocimiento y prejuicios, que conduce inevitablemente a la discriminación.
 
 
Madrid, 10 de Octubre de 2014

lunes, 22 de septiembre de 2014

Salud mental andalucía

Premio a la mejor iniciativa contra el estigma
El Grupo de sensibilización sobre salud mental de Andalucía convoca el II Premio de Iniciativas contra el estigma de la enfermedad mental en Andalucía. Pueden participar personas, grupos, asociaciones o instituciones presentando acciones cuyo objetivo sea evitar o reducir los efectos del estigma de la enfermedad mental y promuevan la inclusión social de las personas con enfermedad mental.
Se pueden consultar las bases de la convocatoria y realizar la inscripción al premio en la web www.contraelestigma.es. La fecha límite de inscripción es el 31 de octubre de 2014.
La iniciativa, que cuenta con un único premio de 2.000€, pretende visibilizar y potenciar las acciones contra el estigma desarrolladas en Andalucía que promuevan la acción intersectorial y el trabajo en red, que se realicen desde el enfoque de la recuperación, que potencien la participación de personas con enfermedad mental y sus familiares y que fomenten la acción local. El premio será entregado el 3 de diciembre de 2014. 
La convocatoria la realizan la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, el Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Federación andaluza de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES-Andalucía) y la Federación Andaluza de Asociaciones de usuarios/as de salud mental (En Primera Persona), con la colaboración de Janssen.

¡Esperamos vuestras iniciativas!
Grupo de sensibilización sobre salud mental de Andalucía

sábado, 31 de mayo de 2014

A PROPÓSITO DE ESTIGMA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por su interés insertamos artículo de Aurora Vega Soberón sobre el suceso de Palencia:


Sobre lo acontecido en Palencia
 6 de mayo de 2014. Sucesos
Una enferma mental mata a cuchilladas a una psicóloga en un centro de Palencia.
 Una vez más el sabor amargo de una noticia que jamás parece adquirir un enfoque diferente: Una interna agrede a una profesional de un centro psiquiátrico… Fatales consecuencias para ella, y mi pregunta es,  por qué.
 Queda claro el lugar, el tipo de centro, quién es la agresora, quién fue la agredida, con imagen incluida “tomada” de una red social, con qué arma, incluso algún tipo de prensa detalla dónde hiere…
 Desde el 2005 trabajo con personas que tienen enfermedad mental, en diferentes recursos, ambulatorios o residenciales, de carácter abierto o más restrictivo, y cada vez que un suceso se informa así, bajo mi punto de vista, con cierto sesgo, se hace más presente el estigma contra el que luchamos.
 Necesito expresar una opinión que me hierve por dentro. Me gustaría, si tenemos que volver a escuchar una noticia similar, que algún medio se hiciera eco de las condiciones que, en muchas ocasiones, pueden favorecer situaciones con un desencadenante similar; me gustaría que la noticia fuera de la mano de cuestiones que se vean obligadas de ser respondidas, como por ejemplo, si la infraestructura es la adecuada al tipo de colectivo atendido y a la cantidad, si el ratio de personal/usuario-paciente es el preciso, si la cantidad de recursos dedicados a este colectivo que posibilitan derivaciones adecuadas, según condición del individuo, son los que deben de ser, y si la repercusión de los recortes en el área socio-sanitaria está siendo mínimamente consideradas.
 Hay, al menos, una reseña en un medio de prensa digital que parte de la Organización Médica Colegial (OMC) y que solicita “medidas de prevención y protección necesarias a fin de que no vuelvan a producirse hechos de esta índole contra ningún profesional sanitario”… En mi opinión, un apunte contundentemente vago en proporción al asunto tratado. Otro medio afirma que “En este mismo centro psiquiátrico asistencial se produjo en 2006 otra agresión a dos facultativos por parte de un interno, aunque en este caso las heridas no revistieron gravedad…” ¿Cuáles fueron las preguntas entonces? Si hay unculpable directo ¿no hay más preguntas? Hay tantos planteamientos que ni siquiera se ponen sobre la mesa. Porque la noticia es “el asesinato de una profesional, a manos de una interna de un centro psiquiátrico”, y este es el morbo con el que la sociedad corre el riesgo de quedarse. Y la solución parece ser apuntar al culpable que se ve.
 
Sin eximir de responsabilidad al que agrede no olvidemos exigir al que no protege.
 
Para terminar, y aprovechando que hace poco se habló en unas jornadas de Fundación Manantial sobre la Reforma del Código Penal en relación a las personas con enfermedad mental, me gustaría hacer referencia a la manifestación que hay en contra de esta, ya que, esta forma que tienen los medios de facilitar los datos, son en los que se justifican las propuestas del anteproyecto de ley.
 Dejemos de servir en bandeja de plata los ingredientes que alimentan el estigma de personas que ya tiene su propio sufrimiento.
 Desde aquí, mis más sinceras condolencias a la familia de la víctima, por algo que posiblemente se podía haber evitado.
 
Áurea Vega Soberón
Terapeuta ocupacional del Centro de Rehabilitación Laboral de San Blas